sábado, 21 de enero de 2006

Sobre el aborto y los Obispos

EXCOMUNIÓN INMISERICORDE

El Cardenal Ovando, Obispo de Managua, ha conmocionado y escandalizado a multitud de creyentes al decretar la excomunión de los padres de una niña violada de nueve años, por haber consentido el aborto terapéutico determinado por los médicos. El Derecho Canónico en su parte penal considera reos de excomunión a los que cometen algunos delitos eclesiásticos, que considera especialmente graves, como son la pederastia de un confesor, la agresión o asesinato de un sacerdote, el aborto... La práctica pastoral de los Obispos y del Papa normalmente no aplica la excomunión para estos delitos. En España, por ejemplo, ningún Obispo ha decretado excomunión contra las clínicas donde se aborta legalmente, ni contra las mujeres que abortan y mucho menos cuando el aborto es por motivos terapéuticos. Tampoco los Obispos norteamericanos han dictado excomunión contra los confesores pederastas. Y, en América Central, ningún Obispo ha excomulgado a los asesinos de sacerdotes y obispos, que son muchos en la Diócesis de Ovando.

¿Por qué ahora lanza esta excomunión inmisericorde? ¿Por qué no lanzó excomuniones en otros casos de aborto y otros crímenes contra la vida? ¿Por qué ahora sí y antes no? ¿Porque son pobres? ¿Porque no tienen poder?

Los creyentes de Comunidades Cristianas Populares nos sentimos escandalizados porque esta excomunión es absolutamente anticristiana y el obispo, que debe representar a Jesús, aquí por su actitud no representa a Jesús (que no tiró la primera piedra) sino más bien al sumo sacerdote del Sanedrín. Nos sentimos excomulgados de su diócesis y en comunión con unos padres que buscaron lo mejor para su hija.

Ya en 1991 las CCP publicamos una seria reflexión sobre el Aborto y quizás ahora convenga recordar aquí algunas de aquellas consideraciones referidas al ámbito de la moral:

" … estamos de acuerdo en que no siempre y en todas las circunstancias el aborto sea una opción prohibida por el evangelio y el espíritu cristiano. El conflicto, siempre dramático, entre un proyecto biológico de vida humana y una persona humana con su derecho a la vida, a la integridad y a la libertad no puede resolverse de una manera simplista. No puede sacrificarse, o al menos no es obligatorio moralmente, sacrificar la vida o la salud de la madre a un proyecto biológico y con más razón si es inviable.

La Conferencia Episcopal Española en su declaración sobre el aborto en 1974 recogía algo que está admitido tradicionalmente en la moral católica: la licitud del llamado aborto indirecto en el que la acción va orientada a la salvar la vida o la salud de la madre, aunque el aborto se provoque necesariamente. La omisión de este principio tradicional, técnicamente llamado en los libros de moral acción de doble efecto, de amplia aplicación en el aborto terapéutico, nos parece una omisión grave, destinada a una oposición frontal simplista y demagógica, para la cual no pueden dejarse resquicios abiertos.

En el caso de violación nos parece al menos muy dudosa la obligación de la mujer de gestar un proyecto biológico introducido en su cuerpo por violencia. No creemos que tenga obligación moral de hacer de incubadora de esa vida y obligarla a ello es perpetuar la violencia primera.


A la luz de estos principios nos parece que si hay algún caso en que se justifique un aborto terapéutico, es el de la niña violada de nueve años y que la preocupación fundamental de un Obispo Cristiano en este caso debe ser ayudar a la niña a superar el trauma. Añadir una excomunión es inhumano, brutalmente inhumano.

COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES de ALBACETE

martes, 17 de enero de 2006

La directiva Bolkestein

Todo para el pueblo, pero sin el pueblo

Hace apenas un año sólo algunas organizaciones de las que hicieron campaña contra “esta” Constitución Europea, se manifestaron alertándonos de algunos de los peligros que ella conllevaba y entre otros ya se hablaba de la desconocida Directiva Bolkenstein. Con el paso de los meses han sido muchas las organizaciones ciudadanas, sindicales, o no gubernamentales que se han ido sumando a esta campaña de rechazo a lo que supone en la práctica la privatización de todo lo público, y además de manera obligatoria... Pero ¿qué es la Directiva Bolkenstein (DB)?, ¿en qué consiste?, ¿qué perjuicios puede ocasionar a la ciudadanía?...
En realidad el nombre correcto –y por el que se hace aún más camaleónica- es el de Acuerdo General del Comercio de Servicios, también conocido por sus siglas AGCS. En síntesis se trata de lo siguiente: la Organización Mundial del Comercio (OMC) pretende que todos sus países miembros -la práctica totalidad de los países del mundo- entre ellos España, firme un acuerdo por el que se liberalizaría la gestión de todos los Servicios Públicos –incluidos los sanitarios o los educativos- y en todos los niveles de la Administración: nacional, regional, provincial y local. El concepto de servicio público pasa a ser considerado como mera mercancía, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos y la consiguiente pérdida de las competencias jurídicas y políticas asociadas al control democrático de todo lo que afecta al bienestar social y a los derechos cívicos.
El pasado 14 de febrero 2006 tuvo lugar en el Parlamento Europeo la votación en primera lectura y a pesar de que esta directiva fue suavizada en alguno de sus aspectos, desde ATTAC queremos sumarnos a las movilizaciones que en toda Europa se están desarrollando y que están apoyadas por cientos de ayuntamientos, diputaciones y otros gobiernos regionales y nacionales, así como numerosas ONGS y sindicatos, para impedir que este atropello a la ciudadanía que es el AGCS se lleve a término. En este sentido desde Attac Albacete estamos enviando modelos de mociones para llevar a los plenos de los ayuntamientos que deseen manifestarse en este sentido.
Si este acuerdo llegara a materializarse –y llegará si las personas y las instituciones afectadas no nos movemos para evitarlo- no sólo irán al traste las conquistas sociales que con tanto esfuerzo y tantas luchas hemos conquistado los ciudadanos en los últimos dos siglos, sino que la propia conquista de nuestro modo de vivir en democracia se verá seriamente dañado pues nuestros representantes políticos – sobre todo los más cercanos, alcaldes y concejales- pasaran a tener un estatus cuasi-decorativo, al dejar vacía de contenido su función principal: la gestión de los servicios públicos (sanidad, educación, cultura, empleo, etc.)
Para terminar, y siendo todo lo dicho anteriormente muy grave, hay otro aspecto de este asunto que todavía nos parece más grave y es que este acuerdo, se esté negociando por nuestros representantes políticos sin nuestro conocimiento ni participación. Que una decisión que presumiblemente va a afectar a nuestro vivir cotidiano de forma importante, se tome sin el consentimiento ¡y ni siquiera conocimiento! de los ciudadanos/as o, al menos, de sus representantes más cercanos: ayuntamientos y diputaciones. ¿Estamos volviendo al viejo aforismo de “todo para el pueblo pero sin el pueblo”?

Luis Angel Aguilar en nombre de ATTAC Albacete